Para obtener unas primeras impresiones sobre las víctimas de la Revolución en Villaverde (Madrid) puede consultarse el legajo 1509, expediente 3, páginas 233 y siguientes de la Causa General (completándolo con un informe sobre exhumaciones conservado en el legajo 1536, expediente 10). Según esos datos, las personas asesinadas en Villaverde o estrechamente relacionadas con esta localidad fueron 91, y lo fueron entre los días 21 de julio y 6 de noviembre de 1936 (más un guardia civil, Victorino Bayo Marín, que lo fue en Aranjuez en fecha tan tardía como el 14 de febrero de 1939).
Los asesinatos se cometieron con arma de fuego, a excepción de dos personas que fueron ahogadas («asfixia por inmersión»): el ordenanza de 55 años Antonio Ortiz Droste, asesinado el 6 de agosto en los Talleres de Villaverde, y el Hortelano de 52 años Maximiano Díaz y Díaz, que lo fue el 4 de septiembre. Precisamente este y otros asesinatos relativamente tardíos, en los que por el método se puede intuir ensañamiento, son los que llevan indicación de la filiación política de las víctimas: esta se señala para el alcalde José del Pino Jiménez, agricultor de 49 años de Acción Popular, cuya fecha de asesinato es genérica (agosto), pero también es de los pocos en los que se indica que fue ejecutado por orden del Comité de Villaverde y que lo fue en Carabanchel. Su hermano de 50 años Francisco del Pino Giménez (la diferencia en la inicial se compensa con el dato de que era empleado del ayuntamiento para concluir que eran hermanos), asesinado el 24 agosto en el Reformatorio de Carabanchel, no era en cambio de AP sino de Renovación Española. También se da el cargo de alcalde de AP al citado jornalero Maximiano Díaz, cuyo nombre es el único duplicado, pues aparece en el registro de residentes (Estado 1) y en el de no residentes (Estado 2, ambos están firmados el 15 de julio de 1939), aportando este el dato de la asfixia y aquel el de que fue asesinado por orden del Comité del Barrio de Rosales (y ejecutado en dicho barrio).
Las siguientes víctimas con filiación política, ejecutados en 8 de septiembre en Pinto (también peculiares por la distancia de la ejecución, una señal más de su importancia para los ejecutores), fueron el «médico titular» José Martín Arévalo, de 37 años y de Renovación Española, de quien se dice que la orden de ejecución partió del Comité de Villaverde, y quien parece haberle acompañado en esa suerte, el jornalero de 45 años Vicente Alonso Blanco, de AP.
A ese mismo partido se asigna la filiación de tres de los cuatro miembros de la familia Peñalver -todos jornaleros- asesinados en octubre por orden de Alfredo Barragán García. Sin embargo, puesto al habla con un familiar, me contó que no tenían adscripción política conocida. Se les conocía por ir a misa los domingos, si bien, a efectos de la Revolución, era más trascendente que el padre fuera propietario, junto con un francés, de una fábrica de cerámica, cuya chimenea aún hoy se conserva en San Cristóbal. Ese fue con toda probabilidad el motivo de que los revolucionarios lo detuvieran, junto a dos de sus hijos, llevándolos a la checa de Fuencarral y matándolos después. La esposa e hija se salvaron refugiándose en la calle Lista, pero aún allí fueron buscadas y las habrían matado de no ser porque el novio de la hija las llevó a su pueblo, escondiéndolas en una casa. En la posguerra nunca pudieron encontrar los cadáveres de sus familiares asesinados.
Ese drama familiar parece haber sido superado numéricamente solo por otro caso, también en octubre, el de la familia Escribano, ya que el padre, propietario de 60 años, y cuatro hijos, mecánicos entre 36 y 20 años, fueron asesinados por «Pedro Navas y otros».
En octubre aparecen otras seis víctimas con referencia política: el propietario y guardia civil retirado de 60 años Manuel Real Mejía, asesinado por Francisco Barajas Laborda, otras tres víctimas de Comité de Rosales (dos hombres y una mujer a la que luego me referiré) y dos falangistas: el jornalero de 23 años Albino Hernández Lozano, víctima del Comité de Villaverde, y el médico de 48 Enrique Rodríguez Hurtado, capturado el 29 de octubre en la calle Hermosilla 35, y que el 28 de agosto había sido expulsado por el Comité del Frente Popular y CNT de la Colonia Popular Madrileña (Villaverde) «por no ser persona de completa confianza al régimen». En este caso, la supuesta filiación política está tomada de la denuncia hecha por su hijo en la posguerra.
Estas víctimas conocidas de la revolución española en Villaverde fueron 89 hombres y dos mujeres: Remedios Loranca Cabellos, de 39 años, asesinada en octubre por orden del Comité de Rosales, y una no identificada, aparecida esta el 7 de agosto en el kilómetro 5 de la Carretera de Andalucía (es decir, poco antes de la actual altura del Hospital 12 de octubre). A partir de ahí y hasta el km 11 (la salida del Cerro de los Ángeles es el km 13) tuvieron lugar la mayoría de asesinatos, muchos de ellos, hay que suponer, de personas que nada tenían que ver con Villaverde, pues esta carretera, como otras de salida de Madrid (la de Toledo, la de Valencia por Vallecas, etc.) eran mataderos habituales de los revolucionarios. Así se explica que aparezcan, por ejemplo, un catedrático de Ciencias del Instituto Lope de Vega cuyo apellido no he podido descifrar, José María Sanjuisa (o Sangüesa), dos comandantes de Infantería, etc. Dado el elevado número de personas sin identificar, no es posible un desglose preciso por edades o profesiones, pero por aquellos que aparecen, residentes en su mayoría, está claro que, como en Madrid en general, la revolución poco o nada tenía que ver con influir en la guerra, ya que mató sobre todo a personas de edad muy avanzada para combatir, ni perdonó profesiones, pues las víctimas eran en su mayoría de condición humilde como la población en general (jornalero y mecánico son las profesiones más abundantes).
Aparte de la muerte de Enrique Rodríguez Hurtado, que había sido expulsado de Villaverde, incluyo otras dos que tampoco están en los estados del ayuntamiento, igualmente tomadas del expediente de exhumaciones: las de Cecilio Agapito Arroyo y su sobrino Lorenzo Agapito Martínez. Son las más tardías (6 de noviembre), claramente cuando el comité (se dice que la orden en concreto la dio el alcalde Pedro Fonseca Martínez) tendría que evacuar y se deshizo de sus últimos enemigos. El asesino, como se ve por la documentación que adjunto, habría confesado a otros compañeros de cárcel, que ejecutó a una de las víctimas en estado de embriaguez; de la otra dice el encargado de enterrarlas (y luego localizarlas) que se pretendió inicialmente quemarla en la sede («cueva») del comité, pero que él se opuso. Por el jugar del hallazgo (entre el km 5 y 6 de la carretera de Andalucía en su cruce con el arroyo Pradoluengo), vemos que está ya en el límite de lo que puede considerarse Villaverde (el 12 de octubre).
En resumen, vemos que aquí intervinieron varios comités y matarifes de Madrid, y que el Comité de Villaverde parece no haber contado con una checa para torturar presos, ni de una banda especializada de asesinos.
Del Estado 3 se puede reseñar que consigna que 15 personas vieron incautadas sus fincas (dos de ellas también su ganado) y que se destruyó la iglesia con sus propiedades más el convento asilo de las Hermanas de la Caridad que, por lo que parece, ya no regresaron en la posguerra.
Documentación y excel con los datos de las víctimas:
